La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría y giró al Senado, en una sesión especial, el proyecto que reforma la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre.
El plenario legislativo aprobó por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos votos negativos de Francisco Sánchez, del Pro, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad.
Las tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-JXC).
El proyecto sancionado forma parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el bailable Cromañon, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.
Acerca de los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.
A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Cómo comenzó la sesión
En el primer tramo de la sesión, el plenario legislativo -que preside Cecilia Moreau- aceptó la renuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien asumirá este jueves como ministra de Desarrollo Social.
La dirigente del FDT y exfuncionaria del Ministerio de Transporte, Micaela Morán, asumió en lugar de Tolosa Paz y completará el mandato que vence el 9 de diciembre del 2025.
A continuación, los legisladores rindieron homenaje al exdirigente socialista Héctor Polino y al exintendente de Corrientes y exlegislador y dirigente del FDT, Fabián Ríos, fallecidos recientemente.
Moreau también informó que por acuerdo parlamentario de los bloques se postergó el tratamiento del proyecto que modifica el Régimen de Contrato de Trabajo sobre el «deber de no concurrencia»,
La sesión fue solicitada por el Frente de Todos (FdT), pero se trata de un paquete de dictámenes que están consensuados entre el oficialismo y la oposición, ya que tuvieron un amplio acuerdo cuando se discutieron en las respectivas comisiones.
Uno de los principales temas era el proyecto que prevé la reforma la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, tal su nombre oficial, que fue aprobada en 2018, y prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre, el cual finalmente fue aprobado por amplia mayoría en el recinto.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que tuvo dictamen con el respaldo del FdT, Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas, propone además declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios
A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Por otra parte, el plenario legislativo debatirá el proyecto de Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica con el fin de poder apuntalar las inversiones y desarrollo tecnológicos en las firmas del sector, con el otorgamiento de incentivos fiscales.
El texto establece que las empresas pymes podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el 80% (en la primera presentación), 65% (en la segunda presentación) o 50% (desde la tercera presentación) de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica (no operativos) para ser aplicado al pago de impuestos nacionales.
Otro punto del temario será el proyecto que propone declarar de utilidad pública y expropiación al edificio donde funcionó el establecimiento «República Cromañón», en el barrio porteño de Balvanera, para convertirlo en un espacio dedicada a la memoria.
El plenario también aprobará otra iniciativa que declara de utilidad pública y expropiación a la «Casa Grande», ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza; la modificación del nombre del Parque Nacional Traslasierra por el de Parque Nacional Pinas y una reforma a la Ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.
Por último, se contempla el abordaje de la iniciativa que prevé la obligatoriedad de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en todos los partidos de fútbol de carácter internacional en todos los estadios del país en el que jueguen equipos de la Primera División.
