EL EXÁRBITRO LUNATTI DECLARÓ COMO TESTIGO EN EL JUICIO POR LA MASACRE DE WILDE

EL EXÁRBITRO LUNATTI DECLARÓ COMO TESTIGO EN EL JUICIO POR LA MASACRE DE WILDE

El exárbitro de fútbol Pablo Lunatti, quien era dueño de la remisería en la que trabajaba Norberto Corbo, una de las víctimas de la denominada “Masacre de Wilde”, cometida en 1994 en esa localidad bonaerense, declaró ayer en el juicio que “nunca” le vio un arma de fuego y que era “una buena persona”, informaron fuentes judiciales.

En el marco de una nueva jornada del debate oral y público en el que siete expolicías son juzgados por la “Masacre de Wilde”, Lunatti declaró vía la plataforma Zoom y recordó a Corbo con “cariño”, ya que era vecino suyo de la localidad bonaerense de Santos Lugares, y aseguró que era una “buena persona”, de “buena conducta”.

«Norberto era un muy buen tipo, un tipazo. Nuestra relación era un poco más que laboral, era casi de amistad”, señaló el exárbitro al declarar como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, y luego afirmó que “nunca” le vio un arma de fuego a Corbo, informaron voceros judiciales.

Lunatti era propietario de la remisería “Su destino” de Santos Lugares, en la que trabajaba como chofer Corbo, y a la que cerró poco tiempo después del hecho.

“Para los que estábamos en la remisería no fue algo fácil. Todos quedaron shockeados”, señaló el exárbitro.

Por otro lado, ayer se dio a conocer una pericia caligráfica del acta de detención del excabo Marcos Rodríguez, en la cual la firma que se le atribuye es de su puño y letra.

Es que Rodríguez, quien permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en la provincia de Córdoba, la semana pasada negó en su declaración indagatoria haber estado detenido y haberse escapado, desconociendo de esta manera su firma en dicha acta.

Por último, se agregaron por lectura las declaraciones testimoniales que hicieron durante la etapa de instrucción cerca de 20 testigos, que ya fallecieron, informaron fuentes judiciales.

Luego el TOC 3, conformado los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando se espera que amplíe su declaración indagatoria el excomisario Roberto Mantel.

De esta manera se cerraría la etapa probatoria del debate, dando lugar a los alegatos, que se realizaran la semana entrante.

Además de Rodríguez y Mantel, son juzgados el excomisario Eduardo Gómez; los exoficiales Osvaldo Lorenzón, Julio Gatto y Marcelo Valenga; y el ex subteniente Pablo Dudek; todos en libertad.

En la causa se encuentra también imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue una pericia médica que indique si está en condiciones o no de afrontar el proceso.

La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505; y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que, al parecer, los confundieron con delincuentes.

Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de «cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa», por la única víctima del ataque que sobrevivió.

De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, actualmente ya fallecidos.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.