El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido ayer que benefició a la ciudad de Buenos Aires en materia de fondos coparticipables es «una verdadera inmundicia» y consideró que representa un «atentado al federalismo, la democracia y la República».
El mandatario formuló esas declaraciones al inaugurar una nueva alcaidía departamental en el partido de Almirante Brown junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak; el intendente Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares.
«El fallo de ayer es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país», expresó el mandatario bonaerense durante el acto.
En ese sentido, sostuvo que el fallo del máximo tribunal del país representa «un atentado al federalismo, a la democracia, a la república, a la Constitución y a la provincia» de Buenos Aires.
«Los candidatos en provincia que quieren gobernarla con el desastre que hicieron ¿qué van a decir ahora? ¿Se van a pronunciar a favor del saqueo? Quiero escucharlos a los que quieren gobernarla, que se callan y tienen complicidad con ese saqueo», añadió el gobernador.
Al mediodía, Kicillof participará de la reunión que encabezará el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno junto a otros gobernadores peronistas para analizar el fallo conocido ayer.
Ayer, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que, por el momento, avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
La decisión fue firmada de manera unánime por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación, en distintas instancias de mediación, no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica el traspaso de parte de Policía Federal, concretado en 2016 desde la órbita nacional a la de la ciudad.