La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ratificó la cesión provisoria del inmueble ubicado en Chapadmalal para llevar a cabo un proyecto agroecológico y reiteró que el predio «nunca dejará de ser del Estado Nacional», tras la denuncia presentada por el intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
El predio cedido está ubicado a la altura del kilómetro 553 de la ruta provincial 11, que conecta Mar del Plata con Miramar, en las inmediaciones del paraje El Marquesado, y según declaraciones de la AABE estaba «completamente abandonada, en desuso y con peligro de intrusión».
El acuerdo entre el ente nacional y una asociación civil fue firmado el último 16 de febrero, y dispuso la entrega gratuita a partir de esa fecha de las 140 hectáreas que lo conforman para la guarda de esas tierras en carácter provisorio, por el plazo de 180 días, renovables por otros 90 días, a los efectos de su custodia, preservación, limpieza y acondicionamiento para su uso como chacras productivas.
En ese sentido, fuentes de la AABE reiteraron el respaldo al convenio con la asociación civil ‘Tercer Tiempo’ y subrayaron que «la titularidad del inmueble nunca va a dejar de ser del Estado Nacional» y que «no hay ningún proyecto de hacer un barrio en el lugar» ni se le da «residencia permanente a ninguna persona».
El intendente de General Pueyrredón había denunciado este lunes al titular de la AABE, Eduardo Albanese, por la cesión de las 140 hectáreas y pidió el desalojo del lugar.
En la demanda, presentada ante la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Montenegro acusó por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público» a Albanese, por considerar que el convenio de entrega firmado recientemente entre el organismo y la Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria «tuvo como consecuencia la ocupación ilegal del terreno», ubicado frente al mar, 20 kilómetros al sur de Mar del Plata.
«Se autoriza un proyecto de producción agroecológica a una cooperativa en tierra que estaba completamente abandonada, en desuso y con peligro de intrusión», indicaron desde el AABE y precisaron además que antes de que avance el proyecto deben realizarse los estudios de impacto ambiental correspondientes.
En tanto, Montenegro denunció al funcionario por «simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objetivo que su ocupación ilegal», y por avalar la «disposición de las tierras bajo argumentos falsos y falaces»
En ese sentido, aseguró en su presentación, a la que tuvo acceso Télam, que «es falso que existiera riesgo de intrusión que justificara el convenio».
Señaló además que «es falso que el inmueble no contara» con «una custodia activa» y que «fue constatada la existencia de un cuidador por los funcionarios municipales que se hicieron presentes en el lugar, cuidador que fue ‘retirado’ del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenedores».
La denuncia presentada por Montenegro apuntó también contra los responsables de la asociación civil, a quienes acusó por la «usurpación» del predio.
Se trata de Marcos Leonardo Santucho, presidente; Osmar Eliseo Núñez, quien desde el último sábado permanecía en el terreno, y Gabriela Carpineti, representante legal de la organización.
El jefe comunal de Juntos por el Cambio acusó además a la AABE de «beneficiar a ‘sus amigos’ y atentar contra un distrito de un signo político contrario al suyo».
«No lo voy a permitir ni como vecino de General Pueyrrredón ni como intendente Municipal», señaló el intendente.
Por otra parte, los tres bloques oficialistas en el Concejo Deliberante local -Vamos Juntos, UCR y Colación Cívica- rechazaron ayer la cesión del predio, pidieron que el cuerpo legislativo repudie lo que calificaron como una entrega «arbitraria a grupos afines» al Gobierno nacional y adelantaron que pedirán informes a la AABE.
La noticia del acuerdo celebrado generó el último fin de semana un momento de tensión cuando algunos propietarios y vecinos de la zona se acercaron hasta el lugar y cortaron la ruta en rechazo al inicio del proyecto agroecológico, en línea con lo expresado por las autoridades municipales.
