Once policías bonaerenses serán sometidos a un juicio por jurados, tres de ellos por asesinar y ocho por incumplir con sus deberes y encubrir el crimen de un trabajador de una fábrica de gaseosas que fue atacado a balazos durante un supuesto procedimiento antidrogas realizado en octubre de 2022 en un barrio de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, informaron fuentes judiciales.
La víctima del hecho de violencia institucional fue Esteban Rafael Eduardo Bellido (39), apodado «Jujeño» o «Juje» y empleado de la fábrica «Manaos», quien murió tras recibir dos balazo policiales la mañana del 31 de octubre del 2022, en el barrio Vernazza, de Virrey del Pino, durante un supuesto procedimiento antidrogas realizado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de ese distrito.
Tras el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal de Instrucción de La Matanza Carlos Arribas y la elevación del caso a debate por parte de la jueza de Garantías 6 de ese distrito, Carina Andrijasevich, la causa fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5, presidido por el juez Matías Mariano Deane, quien tendrá a su cargo la dirección técnica del proceso por jurados a realizarse en marzo de 2024.
De los once policías que serán juzgados, tres se sentarán en el banquillo acusados de ser coautores del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego».
Ellos son Nicolás Darío Torres, Maximiliano Ariel Villalva y Kevin Ariel Vallejos, quienes llegarán al debate detenidos en dependencias el Servicio Penitenciario Bonaerense.
En tanto, los ocho restantes enfrentarán la acusación de «violación de los deberes del funcionario público en concurso ideal con encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público».
Por este delito serán juzgados los policías Federico Florencio, Sofía Benítez, Gonzalo Díaz, Daiana Bazán, Matías Silva, Javier Imán, Jorge Acosta y Florencia Coria Barrios, quienes están actualmente bajo arresto domiciliario.
Si bien en el requerimiento de elevación a juicio el fiscal Arribas había pedido que Silva, Imán, Acosta y Coria Barrios llegaran a juicio acusados del homicidio de Bellido y, alternativamente, por el encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la jueza de Garantías los sobreseyó parcialmente por la primera acusación y los envió a juico por la segunda.
El debate se desarrollará en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de La Matanza y la acusación estará a cargo del fiscal Sergio Antín, quien dijo que «aún falta una audiencia más previa al juicio para definir los detalles de testigos y la elección de jurado», explicó el fiscal.
Por su parte, el abogado Rubén Ardían Fernández, que representa a los acusados Vallejos, Díaz, Imán y Silva, dijo a esta agencia que espera demostrar que la muerte de Bellido fue un «homicidio culposo» donde «no hubo intención de matar», ya que cree que se pudo haber dado producto del rebote de la bala en el piso, algo que intentará demostrar en el juicio.
De acuerdo a las pruebas recolectadas en el expediente, el crimen del empelado de «Manaos» fue cometido a las 11.30 del 31 de octubre, cuando los efectivos del grupo UTOI llegaron a bordo de varias patrullas hasta la calle De la Gándara, entre Arismendi y Federico Lacroze, y tres de ellos -Torres, Villalva y Vallejos- «actuando de consuno y con división de roles, descendieron de los mismos y comenzaron a caminar por la zona descampada lindante donde, próximos a la intersección de las calles Padre Mujica y Alborada de la misma localidad, y abusando de su función o cargo al ser miembros integrantes de una fuerza policial, efectuaron varios disparos de arma de fuego sobre la humanidad de Esteban Rafael Eduardo Bellido, con clara intención de causar la muerte».
Los balazos impactaron «en la zona posterior del tórax derecho y en cara anterior de muñeca izquierda» de la víctima, «provocándole lesiones de magnitud tal que ocasionaron su posterior deceso», añade la descripción del hecho realizada por la fiscalía en la elevación a juicio, a la que tuvo acceso Télam.
En tanto, para los acusadores el resto de los policías imputados «tras la comisión de un delito especialmente grave, ejecutado por otros y en el que no participaron, ayudaron Torres, Vallejos y Villalva a eludir las investigaciones de la autoridad y a sustraerse a la acción de ésta, al retirarse todos del lugar del hecho sin haber denunciado o comunicado su perpetración; ello, habida cuenta de la obligación de promover la persecución penal de un delito, al ser funcionarios policiales, no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento les incumbía».
Los policías implicados aseguraron que al momento de los disparos realizaban un operativo antidrogas en esa zona de Virrey del Pino, un sector en el que las bandas narcos se disputan el territorio para la venta de drogas y en el que es moneda corriente que haya enfrentamientos entre sus habitantes.
No obstante, para la Justicia no quedó probada la efectiva existencia de ese procedimiento ni que Bellido estuviera implicado en alguna situación sospechosa.
Incluso, en la causa fueron varios los testigos que dijeron que «Juje» Bellido no tenía relación con bandas de dedicadas a la actividad narco, sino que era «trabajador» y «buena persona».
Además, al momento de caer muerto a balazos por la espalda, el vecino no llevaba armas ni ningún elemento que hiciera pensar que se resistió a un arresto.
Tras el crimen, el fiscal que inicialmente intervino en el hecho y luego fue reemplazado por Arribas, Gastón Duplaá, dispuso la aprehensión de 11 policías de la UTOI por «homicidio» y ordenó secuestrar sus armas reglamentarias y tres de los móviles policiales para que se analicen sus sistema AVL que permite determinar su geolocalización.
Además, por haber policías involucrados derivó las pericias a Gendarmería Nacional, que secuestró en la escena del hecho 11 vainas servidas que, tras los peritajes, se determinó que fueron percutidas y expulsadas por una misma arma de fuego: la pistola secuestrada en poder del imputado Vallejos.
La jueza de Garantías concluyó en base a las pruebas aportadas que no existió enfrentamiento «ya que la víctima no llevaba ningún tipo de arma» y que por los dichos de testigos puede afirmar que el resto de los policías que llegaron al lugar tras el crimen «muy probablemente decidieron deliberadamente no comunicar el hecho (a sus superiores) para ayudar así a los coautores del homicidio a eludir la investigación y sustraerse de la autoridad».
Por Ramón González para Télam
