Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidieron a la Justicia que se suspenda el trámite de elevación a juicio de los acusados por el intento de asesinato de la expresidenta y que se lleven a cabo medidas de prueba para profundizar la investigación, informaron fuentes del caso.
La presentación fue realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes cuestionaron la decisión del fiscal Carlos Rívolo de solicitar que se envíe a juicio a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y el jefe del grupo de vendedores de copos de nieve («Banda de los Copitos»), Nicolás Carrizo.
Además, hicieron «reserva del caso federal» en caso de una repuesta negativa a su petición, o sea que en esa circunstancia acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso «Revolución Federal» refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad», sostuvieron los abogados.
Indicaron en su presentación que «el 29 de mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. Increíblemente, dos días hábiles antes, se agregó al expediente prueba de central importancia de la que el acusador público hizo caso omiso».
«El 23 de mayo, el Juzgado N°8 del fuero remitió un informe realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en la causa conocida como «Revolución Federal». Este informe se produjo a partir de un pedido de la Fiscalía N°11 del fuero de que se realice un análisis de todos los dispositivos secuestrados en ese expediente», describieron.
«En el marco de ese informe -agregaron- se analizó la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Entre los resultados aparecen, entre otras cosas, el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación y consultas a CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner», abundaron.
Además, los abogados incluyeron un extenso informe sobre comunicaciones e hicieron hincapié en una persona con el alias «Dali Revolución» y cuya supuesta identidad mencionaron en el escrito.
Ubeira y Aldazabal destacaron «una conversación entre Jonathan Morel y ‘Dali Revolución'», en la que esta última persona «da cuenta de dos cosas: que tiene una pistola 9 mm y que quiere usarla en la ‘actividad bala'».
«Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado N° 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio.
La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar», dijeron.
Los abogados hicieron una extensa descripción de llamados y supuestos contactos entre las personas involucradas en la causa de la agrupación «Revolución Federal» y el grupo acusado de atacar a la vicepresidenta.
En ese marco, pidieron diversas medidas de prueba, como entrecruzamientos de llamadas y allanamientos para recabar material que consideran fundamental para el caso.
Así, los abogados de Cristina Kirchner pidieron: se lleven a cabo las medidas solicitadas; se suspenda el trámite de elevación a juicio y se tenga presente la reserva de caso federal.
Sobre este último punto, dijeron que «dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos».
