EL DERECHO A LA CERTEZA

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Por Sebastián Vinagre
Defensor del Pueblo de Avellaneda (MC)

En los últimos años los argentinos nos encontramos sumidos en un derrotero de medidas que solo conducen a un lugar incómodo para todos y cada uno de nosotros: La Incertidumbre.
Pocas cosas me llaman tanto la atención como este estado en el que veo sumida a nuestra comunidad.
Y me pregunto, cual es el factor determinante para contribuir a esta instancia, cual es nuestro posicionamiento frente a la misma, cuales son las posibles alternativas para esbozar una salida colectiva y cuáles son las responsabilidades institucionales inherentes a la configuración de un estado generalizado que nos estanca, adormece y perjudica.
Así como el humor se convierte en un tipo de expresión de una sociedad que no vive en paz y que disfraza de ironía su frustración por no poder tener un segundo de calma en un país tan grande y próspero como lo es nuestra argentina, el descontento social y una reestructuración de prioridades son la moneda corriente.
Uno de los últimos indicadores que convulsionaron recientemente al país fue la intempestiva renuncia de un ministro de economía.
Muchos se preguntaran en que puede afectarnos la renuncia de un integrante del equipo económico del poder ejecutivo. Es aquí donde quiero detenerme; no se trata de la simple renuncia de un funcionario más sino de la exposición de una interna feroz e irreconciliable de quienes tienen la responsabilidad histórica de conducir el destino de un país.
Esta incapacidad de diálogo y convivencia dentro de lo que se supone que es un mismo equipo de gobierno (o por lo menos llegaron con esa aparente promesa de campaña) se traduce en una convulsión de los mercados, la correlativa incertidumbre de los sectores productivos, de las pymes, y hasta de los trabajadores independientes que no pueden comprar a precio cierto ni mucho menos vender sus productos.
Esta realidad nacional se replica de modos ineludibles, con gran efecto expansivo a los diferentes niveles de gobiernos, tanto provinciales como locales que no pueden ser ajenos o mantenerse indemnes a estas circunstancias.
¿Qué sucede en Avellaneda? No somos ajenos a estas políticas y prácticas perjudiciales para los ciudadanos. En nuestra ciudad vemos vulnerados nuestros derechos constantemente.
Hace no más de un año vimos amenazado el derecho a la propiedad cuando en el Concejo Deliberante de la ciudad, de modo arbitrario, el oficialismo sin deliberación ni dialogo aplico la mayoría automática para aprobar una ordenanza en desmedro de este bien consagrado constitucionalmente y que con la elaboración de normas generales para los vecinos de esta ciudad, vaciada de cualquier investigación o testeo, podría tener consecuencias devastadoras sobre todo en épocas de crisis como las que constantemente atravesamos en nuestro país y que no debemos normalizar.
Además de esto, el derecho a la libertad de tránsito se encuentra amenazado con cada nuevo corte al Puente Pueyrredón, modalidad de queja constante que más allá de visibilizar los reclamos a una pésima y desastrosa gestión de gobierno agobia y agota al extremo la posibilidad de pensar en una Avellaneda pujante y esplendorosa que indefectiblemente se encuentra conminada a tratar de resolver un básico problema como lo es tratar de llegar a los puestos de trabajo o simplemente trabajar de modo seguro.
Y si nos ponemos más exigentes y volvemos un poco más en el tiempo podemos referirnos a las formas de administrar la pandemia, situación que aun en la actualidad sigue generando efectos desastrosos, pues si bien se puede argumentar que se trató de un hecho disruptivo o de un punto de inflexión mundial, ello dejo al descubierto la incapacidad enorme de gestión de crisis.
En este esquema, hace varios años que nos encontramos frente a la toma de decisiones en contra de los ciudadanos; decisiones arbitrarias en perjuicio de los vecinos.
Todo esto no interpela y sitúa frente a un desafío muy importante a nivel local como nacional que es modificar la concepción de la política; una política que busque certezas basadas en estudio, planificacion y diseño a largo plazo.
Estamos convencidos de que tenemos un concepto de estado diferente al del oficialismo, hay que tener empatía, entender el lugar de todos los vecinos, cual es la realidad de cada uno y poder transformar eso en políticas de estado que otorguen confiabilidad, certeza y tranquilidad.
Merecemos vivir tranquilos, merecemos tener certezas que nos aporten seguridades, merecemos abandonar la incertidumbre constante y el miedo de salir a las calles sin saber si se vuelve sano y salvo.
Se puede pensar en otra avellaneda con el esplendor y productividad más importante del país. Están dadas las condiciones para llevar a cabo una reformulación de políticas de desarrollo local. Para eso debemos tener conciencia del lugar que ocupamos. Tenemos que dialogar, diagramar y planificar un programa a largo plazo estructuradas como plan segmentado en etapas.
Nos debemos un proyecto urbanístico inclusivo y sustentable, nos debemos planes estratégicos pensados a treinta años, pensados en una ciudad que queremos legar a las generaciones futuras.
En definitiva nos merecemos vivir bien.

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