YAMIL SANTORO DENUNCIÓ A RICHMOND Y MR PHARMA POR FABRICAR VACUNA EN ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS

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El vicepresidente de «Republicanos Unidos» y abogado liberal Yamil Santoro denunció ante la Cámara Criminal y Correccional Federal a Laboratorio Richmond S.A.C.I.F. y MR Pharma S.A. por los delitos de fabricar sustancias en establecimientos no autorizados, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En la presentación judicial, con el patrocinio de los abogados Juan Martín Fazio y Pablo Abdón Torres Barthe, se sostiene que Richmond, a través de un laboratorio de MR Pharma no autorizado para tal fin, comenzó a fabricar un lote piloto de vacunas. Adicionalmente, esto habría sido sin aguardar el tiempo prudencial de espera, necesario para evitar la contaminación de dicho lote con producción anterior de otros medicamentos.

En cuanto a las otras conductas que motivan la denuncia, esta sostiene que: «el Laboratorio Richmond ha recibido al menos $ 43 millones por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo -de estos al menos $ 13 millones son de carácter “no reembolsable”-, para adquirir equipamiento a los fines de dedicarse al desarrollo antes descripto. Corresponde también que se investigue el origen y aplicación de esos fondos». El texto agrega que “si se ha violentado la normativa respecto a las habilitaciones necesarias para la producción de una vacuna en un marco de cierta cercanía con el gobierno, se puedan haber cometido delitos patrimoniales contra la administración pública los que, corresponde, se investiguen”.

Sobre los mecanismos actualmente utilizados para la captación de fondos de inversión privada que financien el proyecto, la denuncia del espacio político observa que “esto resulta especialmente relevante. Se verifica que el Laboratorio Richmond, a través de una captación pública, se encuentra recibiendo fondos de privados, los cuales se fusionarían con los fondos públicos para el logro de sus fines”.

El texto explica que “específicamente, en el marco del Banco de Valores como fiduciario, ha abierto un fideicomiso (denominado “Proyecto VIDA”), con el que se propone reunir USD$ 85 millones. Ha trascendido en medios especializados que la inversión -que, como se dijo, se fusionaría con un fin común con fondos públicos, incluso no reembolsables– no estará abierta al público en general, sino exclusivamente a “inversores calificados”, lo que arroja una fuerte sombra de sospecha respecto a quiénes serían los pocos que podrían beneficiarse de una iniciativa que participa de fondos públicos.

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