Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Las comisiones volverán a reunirse tras haber el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre, en el que expusieron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central, Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.
El plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, fue citado para las 11.
Fuentes legislativas del oficialismo señalaron que este miércoles se comenzará a analizar el dictamen pero no se firmará despacho ya que en esta ocasión no fue citada la comisión de Legislación Penal, que conduce María Lujan Rey (PRO).
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno nacional ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la AFIP, del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerio de Economía; Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En los fundamentos del la iniciativa se afirma que «se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI».
«En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas», sostuvo el Ejecutivo en el proyecto enviado al Congreso.
La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
