La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no hubo «renunciamiento» ni «autoexclusión» en su anuncio de no competir en las elecciones de 2023, sino una «proscripción» derivada de la sentencia en su contra en la causa Vialidad; marcó la necesidad de que haya «un árbitro en serio» en el Poder Judicial que aplique el derecho» y llamó a marchar el próximo 24 de marzo por una «democracia sin mafias».
Además, afirmó que la Corte Suprema «hizo caso omiso» una ley del Congreso que «consagró la nueva distribución» de fondos entre el Gobierno nacional y las provincias, al fallar recientemente en favor del reclamo del gobierno porteño, y señaló que «hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista».
Así lo expresó la Vicepresidenta en el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda, donde indicó que «esa estrategia de proscripción no es nueva», sino que «la comenzaron a pergeñar al día siguiente de aquel 9 de diciembre que nos despedimos en la Plaza y cantamos «volveremos»».
«Lo que hicieron fue armar un juicio con una cronología electoral casi quirúrgica. Luego de un juicio armado de tres años, decidieron que el juicio oral en que me iban a sentar en el banquillo de acusados era el 21 de mayo de 2019. Quince días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales donde se disputaría la presidencia de la Nación. Tres días antes yo desarticulé esa maniobra cuando anuncié que íbamos a un frente con quien hoy es presidente la república Argentina (Alberto Fernández)», detalló.
En ese sentido, la Vicepresidenta asoció la fecha fijada para la lectura de los fundamentos de su condena en la causa Vialidad con la proscripción del peronismo en 1956: «El 9 de marzo van a leer los fundamentos y el 9 de marzo de 1956 en el Boletín Oficial se publica el decreto 41/61, por el cual se prohibían decir las palabras ‘Perón’, ‘Evita’ y prohibía cantar la Marcha Peronista».
También indicó que «estamos ante un hecho ajurídico, como si hubiera desaparecido el Estado de derecho», que «influye en la calidad de vida de los ciudadanos».
Y señaló que es necesario «un árbitro en serio para que todos seamos iguales ante la ley».
«Que a 40 años de la recuperación de aquella democracia veamos a esa democracia con un Estado paralelo, capturada por las mafias, no es justo para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura ni para los millones de argentinos que siguen apostando a que la democracia es la mejor manera de vivir entre nosotros», expresó.
Y convocó para «el año que viene, el 24 de marzo» a movilizarse «bajo una consigna: Argentina y democracia sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos», afirmó.
Además, aseguró que «hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista» y llamó a la militancia a «salir a hablar y explicar, tomar contacto con el barrio».