La presidenta del interbloque de concejales del Frente de Todos (FdT) de Olavarría, Mercedes Landivar, aseguró que la causa que se sigue por la supuesta venta ilegal de terrenos en ese Municipio bonaerense “está paralizada” y denunció además que existe “toda una organización delictiva en la que están involucrados policías, escribanías, punteros barriales y funcionarios del Ejecutivo local”, que encabeza el intendente Ezequiel Galli de Juntos por el Cambio (JxC).
Tras el atrincheramiento por varias horas que protagonizó el lunes el puntero Claudio Peralta, uno de los sindicados como parte de la organización que vendía terrenos en forma ilegal, Landivar remarcó que “se cumple un año desde que el FdT denunció la situación»
«Solicitamos la investigación de los casos que los damnificados comentaron, pero la causa judicial está paralizada en la fiscalía. Desde el Concejo Deliberante se hizo un dictamen luego de escuchar las declaraciones de los compradores, los funcionarios responsables y algunos miembros arrepentidos, pero no hubo respuestas ni de la Fiscalía ni del Ejecutivo local”, señaló la concejala en declaraciones a Télam.
Según Landivar, las denuncias sobre este tipo de maniobras con terrenos fiscales públicos y también privados “comienzan en el año 2019”, pero “no hubo avances en la justicia”, que solo imputó a cuatro personas, entre ellas Peralta y el funcionario asesor Mariano Ciancio, “quien respondía directamente a Galli”.
“Es llamativo que Peralta nunca fuera llamado a declarar en indagatoria cuando él mismo se definió como un puntero barrial que respondía a JxC y que prestaba la firma. Era un perejil”, sostuvo Landivar
Por otra parte, la edil destacó que el funcionario municipal asesor sindicado “Mariano Ciancio fue suspendido por el Municipio, pero meses después se descubrió que le facturaba a la fundación que tiene JxC en Olavarría, lo que fue reconocido por funcionarios”, aseveró.
Al respecto, enfatizó: “El funcionario dependía directamente del intendente porque era de super confianza de él”.
Sobre las maniobras para vender de forma irregular los terrenos, la concejala del FdT aseguró que “se trata de una operación promedio de 800.000 pesos cada una y hubo más cien, según aseguro meses atrás la fiscal (María Paula) Serrano”, por lo que se estima un caso de 100 millones de pesos.
“Sin dudas, hay toda una organización detrás de estas ventas ilegales que incluyen a policías, escribanías, punteros y funcionaros municipales. Esta persona –Claudio Peralta- nunca pudo haberse manejado en soledad. Es obvio que hubo toda una articulación desde el Municipio”, aseguró.
También precisó que estas ventas “se hacían operaciones que se manejaban con dinero en efectivo y con automóviles”, por lo que además “tuvo que haber existido un mercado para vender los automóviles también”.
Desde el FdT de Olavarría emitieron el lunes un comunicado en el que señalaron que desde ese espacio “no se podía permitir que la impunidad se imponga sobre la verdad, que un delito millonario se le atribuya solo a un joven que claramente no podría nunca haber actuado en soledad”.
“A un año de las primeras denuncias públicas la comunidad merece se esclarezca este histórico hecho de corrupción”, reclamaron.
En esa línea, continuaron: “Solicitamos al Fiscal General Marcelo Sobrino que con la misma premura que impulsó la investigación de los hechos represivos, exija celeridad a la fiscal Paula Serrano, que instruye la causa de los terrenos, que hace un año no registra avance”.
“¿Cómo puede ser que una causa que tiene denuncias del año 2019, en la que hay un centenar de vecinos de Olavarría perjudicados, duerma el sueño de los justos?”, se preguntaron desde la oposición local.
Hasta el momento existen más de 20 denuncias en la causa de la que surge que hubo más de 100 terrenos públicos y privados vendidos con documentación apócrifa, con firmas de distintos profesionales de la ciudad.
El lunes, Peralta fue detenido por la Policía luego de que se atrincherara con un cuchillo en un kiosco de esa ciudad bonaerense, donde el reclamo del puntero de JxC para que lo citen a declarar terminó con una represión policial contra los vecinos.
