La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que «en caso de que se llegue a una quita de concesión a Edesur va a ser con todo el sustento legal para que no se perjudique el Estado nacional».
«Veníamos ya auditando el Plan Verano, y se optó ahora por la intervención. En caso de que se llegue a una quita de concesión a Edesur va a ser con todo el sustento legal para que no se perjudique el Estado nacional. Por eso no se toma hoy una decisión de quita y se optó por la intervención», explicó Royón a radio Continental.
En ese sentido, remarcó que «todo depende de cómo avancen los 180 días de intervención», y planteó como escenarios posibles una extensión de la intervención o «se podría avanzar en una quita de concesión, pero con todo ese sustento legal».
La funcionaria puntualizó que Edesur «el verano pasado por ejemplo presentó nueves cortes por hora por usuario mientras que Edenor 5,59».
En esa línea agregó que «Edesur viene con problemas a lo largo de muchos años», y consideró que es preciso que «los que tienen la responsabilidad operativa y de toma de decisiones se hagan cargo del problema».
«Edesur aduce congelamiento de tarifas pero no ha estado pagando (su deuda) a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) ni estaba pagando sanciones. Nada justifica la situación a la que se llegó en marzo», indicó Royón.
La funcionaria detalló que Edesur incluso «tenía obras que tenían erogación pero no avances físicos”, y remarcó que “lo que se espera con la denuncia es la investigación de la situación económico financiera, saber si hubo desvíos de fondos y ver si había abandono de personas, porque hubo muchos días sin luz».
Por otro lado, Royón habló sobre la balanza energética y dijo que «este año ya está en equilibrio y en 2024 y 2025 ya va a estar en positivo porque están aumentando las exportaciones de crudo».
«El Gasoducto Néstor Kirchner también va a posibilitar mayores exportaciones de crudo a futuro y mayor crudo disponible. Esperamos que llegue a US$ 8.000 millones en positivo la balanza en los próximos años entre exportaciones de gas y crudo», sostuvo la funcionaria.
Finalmente, señaló que implica «un ahorro fiscal vía sustitución de importaciones pero también por reducción de subsidios al tener un costo más competitivo”, y precisó que “el ahorro estimado es del orden de los US$ 2.000 millones».