La comisión de Legislación General de Diputados iniciará este jueves, el debate de un proyecto de ley, por el cual se propone un Régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La comisión que preside el salteño Lucas Godoy (FdT) se reunirá desde las 12 en el edifico anexo de la Cámara y tendrá como invitados al presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta; el titular de la fiscalía Federal 2 de esa provincia, Walter Rodríguez; además de autoridades de la AFIP; de la UIF y de la IGJ.
La iniciativa, elaborada por el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y la secretaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca, busca transparentar la opacidad del marco jurídico en el que se desarrollan las denominadas SAS, que constituyen un tipo societario novedoso en la legislación argentina.
«Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados», asegura el proyecto.
Asimismo, expresa que la ley sancionada en marzo de 2017 a instancias del gobierno de Cambiemos, que crea y regula lo relativo a las mencionadas SAS, contiene «un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas».
En ese sentido asegura que «la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico».
«Dicha afirmación encuentra sustento en la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control», explica Martínez en los fundamentos.
Ante el escenario anteriormente representado, el Régimen de transparencia de SAS insta «a reglamentar, ordenar y otorgar seguridad jurídica a los contratantes y a la comunidad, favoreciendo la transparencia del tipo societario bajo análisis».
«Hay que trabajar sobre las cuestiones referidas al lavado de dinero, lo de las SAS hay que leerlo en otro contexto distinto, tenemos un problema y negarlo sería equivocado», aseguró el santafesino al referirse a la iniciativa.
Por su parte, Penacca explicó que «este proyecto busca terminar con las prácticas de quienes abusan de las SAS para realizar maniobras ilícitas. El objetivo es encauzar la herramienta para que, efectivamente, sirva como un vehículo para que las y los emprendedores puedan realizar sus proyectos».
Por otra parte, Martínez citó la investigación realizada por el fiscal santafesino, Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel «Guille» Cantero, líder de la banda conocida como «los monos».
«La investigación judicial informa que la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020», sentenció.
En el mismo sentido, reseñó un informe elaborado por el Ministerio Público de la Acusación, junto con la Oficina de Investigaciones, referido a las Sociedades por Acciones Simplificadas. En el documento enumera y desarrolla fundadas críticas referidas a las limitaciones de los organismos estatales sobre las SAS.
Entre las conclusiones que surgen del informe, el organismo califica de «imprescindible la creación de leyes claras y perfectibles que ayuden a mejorar y desburocratizar, sumado a la necesidad de establecer medios de control efectivos por parte del estado».
Y profundizando concluye que «…la vulnerabilidad puede provenir no solo de la estructura habilitada por ley a este tipo societario específico sino también por la falta o escasez de control de las instituciones intervinientes».
El titular del bloque oficialista recordó las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Erbetta en la apertura del año judicial en Rosario, donde el magistrado identificó que «…la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia».
«Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales», completó el magistrado.
Un proyecto de similares características elaborado por el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) había sido aprobado por la Cámara alta en junio de 2020 y un año después dictaminado favorablemente en Diputados.
Sin embargo, nunca fue incluido en el temario de sesiones y el pasado 28 de febrero perdió estado parlamentario, por lo que Martínez decidió volver a presentar una iniciativa que aborda la misma temática aunque con algunos matices.
