La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el martes próximo para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, en el marco del juicio político a la Corte Suprema iniciado por ese cuerpo en febrero pasado.
Tras escuchar los testimonios en torno al fallo de la Corte Suprema de aplicación del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, la comisión que preside Carolina Gaillard se reunirá el martes a las 13 para avanzar en el análisis de las causas vinculadas a supuestas irregularidades en la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
El cuerpo citó a Aldo Toñon, exdirector de OSPJN, hombre de confianza del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda; la contadora Melisa Solana (OSPJN); la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi, el contador Gustavo Montanini (docente de la UBA) y los trabajadores de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.
La OSPJN presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia.
Las denuncias sobre las irregularidades en la administración y gestión de la obra social del Poder Judicial alcanzan a todos los integrantes de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-, ya sea por la comisión de delitos, de acuerdo a las investigaciones judiciales penales en curso, o por mal desempeño de sus funciones, según confiaron fuentes parlamentarias.
«Seguramente que esa comisión directiva de esas autoridades sindicales ya estaría presa, enjuiciada y se hubiera enterado toda la Argentina, pero cuando son ellos cuatro, cuando son el Poder Real, no hay una noticia en ningún diario», afirmó la diputada del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley, que integra la comisión de Juicio Político.
La legisladora se expresó en estos términos el jueves último durante el acto realizado frente a Tribunales para manifestarse en contra de la «proscripción y la persecución judicial» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las hipótesis sobre las que trabajará la comisión, se buscará comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma.
Además, se investigará una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre «groseras» irregularidades en la registración contable, así como un «incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control.
Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social» y su «incidencia» ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
«El ‘período crítico’ es básicamente gestionado por Lorenzetti, que además en su dictamen de minoría dice que durante sus 13 años la obra social funcionaba de manera fantástica», añaden las fuentes.
Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.
Estas cuestiones se comenzarán a analizar esta semana en la comisión, en la décima audiencia que lleva adelante este cuerpo, luego de que el 26 de enero se abriera el debate sobre los 14 proyectos que planteaban el juicio político a los miembros de la Corte Suprema por distintas causales.
Entre esas causales, se encuentra el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados, así como el que benefició a la ciudad de Buenos Aires en la controversia por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016 y las irregularidades en la administración de la obra social de judiciales.
Por Silvina Angiono para Télam
