Un comisario de la Policía bonaerense detenido como acusado de encubrir el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, ocurridos en diciembre pasado cuando salieron de Florencio Varela, declaró ayer ante la Justicia y apuntó contra otros tres efectivos de la fuerza, un familiar de uno de estos y la primera fiscal de la causa por el presunto ocultamiento de pruebas, informaron fuentes judiciales.
Sergio Enrique Argañaraz, titular de la comisaría 4ta. de Bosques, fue indagado por el fiscal Daniel Ichazo por el delito de «encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Según fuentes judiciales, Argañaraz, en su descargo, apuntó contra el comisario mayor Francisco Centurión, padre de Cristian Centurión y tío de Maximiliano Centurión, ambos detenidos por el crimen de Morello (18) y la desaparición de Escalante (26).
El acusado declaró que este efectivo debería estar detenido y que recibió ayuda de otros dos jefes policiales de la zona y de un familiar suyo para ocultar pruebas; y que la primera fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, estaba al tanto de todas estas maniobras, dijeron los informantes.
Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que el descargo de Argañaraz no tiene mucho sustento y que es un intento de desligarse de la acusación en su contra.
«Dice que todo lo sabía la fiscal, pero en la causa no está y si tenía conocimiento de ocultamiento de prueba debió haberlo denunciado. A su vez, él tenía cuatro audios de los amigos de Lucas y a la fiscal le dio solo dos», describió el pesquisa consultado.
Ichazo pidió la detención de Argañaraz luego de establecer que se negó el 10 de diciembre de 2022 a recibirle la denuncia por «averiguación de paradero» a la madre de Lucas, quien en ese momento era buscado junto a Lautaro.
Además, el fiscal lo acusó de haber ayudado a Cristian y Maximiliano Centurión al eludir la investigación del homicidio, ya que la familia le aseguró que uno de ellos había estado el día anterior con ambos jóvenes.
En tanto, el viernes pasado, Ramiro Yair Forchinito (33), quien era parte de la fuerza bonaerense desde fines de 2017 y desempeñaba tareas en un área integrada con Interpol, recuperó la libertad tras haber sido detenido por «falso testimonio».
Voceros judiciales informaron a Télam que Forchinito, liberado bajo «caución juratoria», sigue vinculado a la causa y no puede acercarse a las familias de las víctimas, salir de la ciudad y, en caso de cambiar de domicilio, deberá denunciarlo en el juzgado.
El agente había sido detenido por pedido del fiscal Ichazo, quien le imputó el delito de «falso testimonio» porque le entregó a la Justicia un teléfono celular que no le pertenecía en vez del suyo.
Por otra parte, el martes de la semana pasada se hallaron restos de sangre y elementos calcinados en una casaquinta que pertenece a Francisco Centurión.
Ese mismo día el fiscal le tomó declaración testimonial al jefe de la Policía bonaerense, comisario general Daniel «Fino» García, quien describió el accionar policial en los primeros momentos de la investigación.
Lucas fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Lautaro para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo semicalcinado de Lautaro fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Lucas.
Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.
Mientras que en marzo último el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero del joven.
