El exintendente de Quilmes, Francisco «Barba» Gutiérrez, declaró ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que juzga a 15 represores por los delitos cometidos en cuatro excentros clandestinos durante la última dictadura militar, y contó su secuestro y torturas en el Pozo de Quilmes.
Gutiérrez brindó su testimonio de manera virtual desde el «Pozo de Quilmes», hoy convertido en Sitio de Memoria, con las fotos, detrás suyo, de los hombres y mujeres detenidos en ese lugar que permanecen desaparecidos.
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, El Infierno y Brigada San Justo al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
«Fui detenido el 9 de agosto de 1975 en la calle Mosconi, cerca de donde trabajaba, por un grupo de personas armadas, en auto. Yo tenía que ir a encontrarme con unos compañeros para ir a un plenario sindical», empezó su declaración el exjefe comunal ante el TOF 1.
Gutiérrez tenía en ese entonces 23 años y trabajaba en la fábrica Saiar, donde tenía militancia gremial.
«Era una época de muchas movilizaciones y paros en reclamo de paritarias y de que se fuera del gobierno (José) López Rega a quien considerábamos artífice de la represión que estaban sufriendo los trabajadores», remarcó.
La patota secuestró a Gutiérrez y lo subió a un automóvil en el que lo trasladaron «hasta acá», dijo el sobreviviente en alusión al Pozo de Quilmes, desde donde prestó testimonio.
«No sabíamos que era la Brigada de Quilmes y al llegar, entramos por la explanada de autos y subí a un primer piso por una escalerita de caracol, creo que también subió Horacio Rappaport, compañero también secuestrado», explicó.
Gutiérrez recordó que «se sentían muchos gritos, aterradores; después supimos que era por la picana eléctrica, porque fueron los mismos gritos que pegamos cuando nos torturaron».
«Nos preguntaban qué hacíamos, a dónde íbamos, si éramos Montoneros, quiénes eran Montoneros. Perdí la noción del tiempo, y llegó un momento en que nos dejaron de torturar porque mi familia me buscó intensamente y mis compañeros de fábrica habían sacado una solicitada pidiendo por mi aparición con vida», precisó.
Gutiérrez pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fue trasladado a la Unidad penal número 9 de La Plata, «donde sufrimos torturas, y todo tipo de vejaciones y golpes».
Explicó que en diciembre de 1976, el penal pasó a estar bajo dominio militar, que «cambió el régimen carcelario y se hizo una estratificación de los presos» y sostuvo que «a nosotros nos pusieron en el Pabellón de la Muerte. Había 15 personas, entre ellas Jorge Taiana, actual ministro de Defensa; Julio César Urien; Dardo Cabo, Rufino Pirles; Rappaport, entre otros».
Destacó que en febrero de 1977 había presentado un hábeas corpus «por nuestra seguridad y la vida de los compañeros, y para saber el destino de aquellos que decían habían sido trasladados».
«Unos camaristas vinieron a hablar con nosotros y por la noche vinieron los militares. Nos decían que nosotros estábamos destinados a morir. Discutimos sobre la situación en la cárcel, y que habían secuestrado a algunos familiares, como la mamá de Dante Gullo», dijo quebrándose.
Gutiérrez precisó que también expusieron «sobre los casos de los compañeros que aparecían ahorcados en sus celdas o que eran trasladados y ´suicidados´, nosotros no creíamos en estos suicidios».
«Una política de destrucción moral»
«Los militares nos dijeron que no querían más propaganda ´antiargentina´de parte de nuestros familiares y tampoco que nosotros criticáramos el modelo de subsistencia en la cárcel», sostuvo.
Recordó que los militares le advirtieron que «por cada uno de los militares que cayera producto de la subversión, ellos vendrían y matarían a dos de los nuestros. Y nos dijeron ´vayan y comuníquenselo a los compañeros y familiares».
Gutiérrez también recordó con emoción que los familiares recurrían a la parroquia del sacerdote Luis Farinello para denunciar la desaparición o las condiciones de cautiverio de sus hijos.
Afirmó que la dictadura militar puso en marcha «una política de destrucción moral».
Al finalizar su testimonio, en el que también narró su paso por el penal de Sierra Chica, expresó que «es un día muy especial para los argentinos y para mi en particular porque falleció el compañero (Nicolás) Barrionuevo, y me hubiera gustado que él escuchara mi declaración pero no pudo ser».
«Fue un gran militante al servicio del país, de los trabajadores y de la Patria», dijo un sollozo al homenajear a Barrionuevo, obrero de IKA Renault que participó en el Cordobazo y tras mudarse a Quilmes trabajó en Saiar, donde se conocieron sufriendo cautiverio juntos y, ya en democracia , trabajó en el municipio de Quilmes.
Durante esta audiencia también declaró el sobreviviente Atilio Servín, secuestrado el 7 de septiembre de 1976, junto a su tío Santiago Servín, quien estuvo cautivo en el Pozo de Quilmes.
«Destrucción de la identidad»
Además, declaró el testigo de contexto, Daniel Feierstein, quien explicó el concepto de genocidio aplicado a lo ocurrido durante la última dictadura militar.
Recordó el concepto de Rapahel Lemkin, de 1944, quien detalló que el genocidio tenía dos fases «la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido y la imposición de la identidad nacional del opresor».
«Luego tenemos la Resolución de 1946 de la ONU que lo define como la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros», y agregó que en el caso de Argentina «hubo distintos subgrupos del grupo nacional».
Feierstein remarcó «la importancia de la calificación de los hechos en los procesos de memoria».
«Tiene la capacidad de quebrar una visión muy centrada en el sufrimiento individual que no logra observar que el terror tiene como objetivo la transformación de la identidad de una sociedad. Esa calificación busca iluminar el efecto del terror en el conjunto de la sociedad. Ese terror nos ocurrió a todos los miembros de la sociedad argentina», precisó.
Remarcó que esa figura «avanza sobre las lógicas binarias que plantean dos grupos de población que se enfrentan entre si y la sociedad como ajena a ese enfrentamiento. En una sociedad plagada de campos de concentración nadie queda exento de los efectos y la justicia aporta una herramienta para conocer esos efectos».
La auxiliar fiscal Ana Oberlin, que representa al Ministerio Público en el juicio conocido como Brigadas, explicó a Télam que «con estos testimonios se culminó la etapa de recepción de la prueba testimonial».
«La audiencia seguirá el próximo 5 de septiembre con algo que pidió la fiscalía y la parte acusadora, que es ampliar la acusación para algunos casos, algo que nos faculta el Código Procesal Penal», precisó.
