La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su «rechazo» y «profunda preocupación» por el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que tendrá este miércoles su primera aplicación práctica ante la movilización anunciada por la Unidad Piquetera que marchará del Congreso a Plaza de Mayo.
En un comunicado, la CPM afirmó que «la protesta social es una de las herramientas democráticas básicas para expresar el descontento social y reclamar su modificación» y planteó que el protocolo antipiquete «constituye la búsqueda por ilegalizar, disuadir y reprimir las manifestaciones públicas y por lo tanto limitar el derecho a la protesta».
La Comisión estimó que «el protocolo asimila cualquier manifestación pública que limite la circulación al delito establecido en artículo 194 del Código Penal, lo implica que cualquier actividad en el espacio público que obstaculice el tránsito queda sujeta a la intervención represiva de las fuerzas de seguridad nacionales sin la necesidad de orden judicial previa».
«Este instrumento es claramente inconstitucional», destacaron desde la Comisión y recalcaron que «se ilegaliza el derecho a peticionar a las autoridades, que es la base del sistema republicano de gobierno que establece nuestro ordenamiento jurídico».
A la vez, expusieron que «los derechos de peticionar a las autoridades, de reunión y de libertad de expresión, funcionan como límite a la antijuridicidad de la conducta típica contemplada en el artículo 194 del Código Penal», por lo que «es indispensable la intervención judicial previa».
La CPM advirtió que «al ilegalizar las manifestaciones públicas, también se ilegaliza a las organizaciones o personas que promuevan o participen ejerciendo el derecho a peticionar o a expresarse en el espacio público».
«En esta dirección se habilita no solo la denuncia de personas y organizaciones, sino también la creación de registros y bases de datos que se encuentran vedadas por la constitución y las leyes de inteligencia y seguridad interior», se planteó y se agregó que «la ilegalización del derecho a manifestar unida a la evidente habilitación de la realización de inteligencia hacia las organizaciones, constituye la promoción de una actividad policial de neto carácter político».
Para el organismo de derechos humanos, el protocolo «está dirigido a disuadir la participación en manifestaciones públicas» y «amenaza con sanciones penales o administrativas a los migrantes, las madres o padres que concurran con sus hijos menores, los transportistas, y toda persona que intervenga en alguna de las acciones que hagan posible su realización».
Por ello, consideró que «el protocolo invade la órbita de autonomía provincial para disponer la intervención de fuerzas federales en territorio de las provincias», lo que «podría generar conflictos entre las autoridades provinciales y nacionales».
