La Cámara Federal de La Plata ordenó resolver el pedido de sobreseimiento de un ex asesor del Servicio Penitenciario Federal (SPF) denunciado falsamente en el marco de una causa por narcotráfico por la que están presos barras bravas de Boca Juniors, Los Andes y Temperley y salpica a la banda de “los monos”.
El tribunal, que en abril pasado apartó de la investigación al juez que la inició, el federal de Lomas de Zamora Federico Villena, dispuso ahora apurar a su sucesor, Luis Armella, para “resolver fundadamente el pedido de sobreseimiento formulado por Fernando Carra”.
Se trata de un abogado y ex asesor del SPF que fue detenido por Villena en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a detenidos kirchneristas en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pero finalmente Carra fue sobreseído, después de que se declarara la nulidad de todo el capítulo del espionaje ilegal vinculado con las cárceles, a raíz del accionar atribuido al juez de Lomas de Zamora.
Carra denunció “la parcialidad del juez, la falsedad de sus dichos y su intención de perseguirlo judicialmente” mientras, como contrapartida –dijo- elude investigar a los principales barras bravas de Boca y un supuesto vínculo con “los monos”.
Su crítica incluyó también al fiscal de la investigación, Sergio Mola, uno de los que acusó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, en la que terminó condenada.
En este nuevo expediente, Carra fue investigado durante cinco años a raíz de una denuncia anónima radicada en el juzgado de Villena, pero cuando a principios de año el juez avanzó con detenciones e imputaciones, excluyó al ex penitenciario pero lo mantuvo vinculado con la investigación.
Ello, consideró la Cámara Federal de La Plata, “lo priva de su derecho a obtener una decisión jurisdiccional que resuelva su situación procesal en un plazo razonable”.
Los camaristas Jorge Di Lorenzo y Roberto Lemos Arias dispusieron que “una vez que el juez de grado cuente con el resultado y análisis de las extracciones forenses ordenadas sobre la totalidad de los aparatos tecnológicos incautados cabe dar tratamiento sin dilaciones al planteo efectuado oportunamente por Carra”.
“Las particulares circunstancias del presente caso exigen conjugar, por un lado, el derecho de la sociedad a defenderse mediante la persecución de los delitos cometidos, y por otro, los derechos y garantías del imputado”, resumieron.
