Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias con reforma electoral, seguridad y designación de jueces en el temario
En el temario implicarían que ambas cámaras del Congreso retomen su actividad antes de fin de mes.
avier Milei convocará a sesiones extraordinarias y el Congreso retomará tareas antes de que termine el mes de enero. En las últimas semanas, el llamado se demoraba por las especulaciones del propio oficialismo, que deseaba contar con precisiones sobre el apoyo que tendría de aliados y dialoguistas para el temario, que implicaría el tratamiento de debates de alto impacto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Manuel Adorni le confirmó a este medio que el Presidente, desde la Quinta de Olivos, rubricó el decreto que efectiviza la convocatoria, que tendrá su publicación en el Boletín Oficial la próxima semana. Horas después, el portavoz ratificó el llamado en sus redes sociales y detalló que las sesiones extraordinarias se realizarán entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Dentro de la oposición, adelantaron que utilizarán la ventana de actividad parlamentaria para insistir en la derogación de decretos presidenciales.
Según señaló el funcionario, al Senado de la Nación ingresaría la reforma más pretenciosa de Casa Rosada en materia de seguridad, conocida como «Ley Antimafias», que define penalmente lo que es una organización criminal en nuestro país, colectiviza las condenas (el peor delito de cualquier miembro para todo el grupo) y brinda potestades extraordinarias a las fuerzas de seguridad (como la posibilidad de detención por 15 días por averiguación de antecedentes) en territorios determinados.
Además se daría otro debate sustancial: el tratamiento de los pliegos de dos candidatos del oficialismo (Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla) para integrar la Corte Suprema de Justicia. Así como lo investigó previamente Ámbito, el Poder Ejecutivo no descarta nombrar a los dos magistrados por decreto y ya definió su estrategia de negociación: «O los dos o ninguno». Como variable de intercambio, accederían a la ampliación de los miembros del máximo tribunal, una modificación que le interesan a todos los espacios que podrían facilitarle sus avales al Gobierno. El número que se encuentra en discusión es de nueve jueces.
