Los familiares de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por «motochorros» que la asaltaron en agosto de 2020 en el partido bonaerense de Quilmes, pidieron que queden firmes las condenas de 25 años para los cuatro acusados y que sean enviados a la cárcel a cumplir las penas sin ningún tipo de beneficio.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal de Casación Penal debe decidir las apelaciones presentadas por los defensores sobre las sentencias de los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 del Departamento Judicial de Quilmes.
Los cuatro condenados tienen 20 años y tres de ellos se encuentran alojados en un centro de detención para adolescentes en la provincia de Buenos Aires, mientras que el restante está en la Unidad de Detención 9 de La Plata.
«A tres años del crimen de mi hija todavía estamos esperando que la justicia dé por terminado el juicio y aplique la pena de 25 años para cada uno de los asesinos. Nadie aún confirmó las condenas y eso es una vergüenza», dijo Juan Carlos Romero, padre de la policía.
El hombre pidió que los detenidos «pasen a un penal de mayores porque ya tienen veinte años» y añadió que esperan que «cumplan por los años que le dieron en un penal y sin privilegios».
«Ellos siguen teniendo beneficios por ser menores, pero el delito que cometieron es un homicidio, mataron a una chica y dejaron a una niña sin madre y a una familia destruida. No le tiene que dar nada de beneficios. Que paguen como tengan que pagar por lo que hicieron», sostuvo.
Por último, Romero expresó: «Hoy mi nieta tiene seis años y no tiene a su madre viva y los asesinos no pueden tener beneficios. Que la justicia haga lo que tenga hacer que es que la condena quede firme»
Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de 2 y tenía un año de antigüedad en la fuerza, donde se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada.
Actualmente, la hija de Micaela vive con su padre en una casa que el hombre construyó junto a la mujer asesinada en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la vivienda de la madre de la víctima, en el barrio Kolinos, de Quilmes.
El crimen de Micaela fue cometido cerca de las 7 del domingo 16 de agosto del año pasado, cuando se celebraba el Día del Niño.
La policía, que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto.
De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.
«Tirale que es cobani. Tirale que es cobani», le dijo uno de los delincuentes a otro al momento del robo y al reconocer a Romero.
Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.
Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.
A un mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con la mamá de la víctima y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.
Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su «pesar y compromiso» por contribuir al esclarecimiento del caso.
