El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, defendió el rol de las empresas públicas, dijo que «tienen mucho para aportar» y pidió que no analicen su eficiencia solamente por si generan o no déficit y requieren de transferencias del Tesoro sino principalmente por sus «indicadores de producción».
Ceriani disertó en el cierre de la tercera jornada del trigésimo sexto Seminario Nacional de Presupuesto Público que se desarrolla hasta este jueves en Resistencia, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
El titular de Aerolíneas sostuvo que «las empresas públicas son importantes y necesarias en la medida que haya objetivos estratégicos para que el Estado influya en el proceso desarrollo».
Al respecto, destacó que «tienen mucho que aportar, con una acumulación de conocimiento desde el punto de vista técnico e histórico muy importante».
Ceriani pidió «desideologizar la discusión, para que «sea objetiva y menos esquizofrénica que la que tenemos en este momento», con «un debate ideológico, muy superficial».
En ese sentido, si bien puntualizó que «el equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo», remarcó que «el fin de una política pública tienen que ser sostenible, también en lo financiero».
Asimismo, señaló que «como Estado, tenemos el problema que ni siquiera sabemos lo que tenemos y menos sabemos lo que sabe la gente que está dentro de esas empresas», por lo que instó a «potenciar» sus recursos y aprovecharlos «en la medida que tengamos un plan».
En cuanto a los números de la compañía, recordó que llegó a Aerolíneas en 2009, «después de un desastroso proceso de privatización» y que por entonces «transportaba 5 millones de pasajeros, tenía 9.000 empleados y 40 aviones de una flota obsoleta de 100, que en algunos casos directamente se trataba de chatarra».
Ya en 2015, tras renovar la flota, Aerolíneas contaba con «70 aviones, más de 10 millones de pasajeros transportados y 12.000 empleados, es decir que con un 30% más de personal se duplicó la producción».
Por su parte, la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, sostuvo que «es de suma relevancia cómo miramos las empresas públicas, sobre todo a partir de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania», en un mundo en el que el Estado «asume riesgos que otros no están dispuestos a tomar».
«Si no tenemos en claro qué modelo de desarrollo queremos no vamos a saber qué empresas públicas necesitamos», completó.
El economista Nicolás Gadano reclamó «sustraer el debate de la grieta y de la batalla tuitera», al tiempo que sostuvo que «no podemos aplicar una regla general» para analizar a todas las empresas públicas.
«He visto empresas petroleras muy buenas y muy malas, y hay privadas petroleras malísimas y otras muy eficientes», enfatizó, además de puntualizar que «hay una responsabilidad del Estado sobre cuáles son sus objetivos».
Gadano propuso que se distinga presupuestariamente «los fondos que se transfieren para atender decisiones de política pública», como son los subsidios por una política tarifaria que no es decisión de la propia empresa, de los recursos transferidos por «problemas de gestión».
Por su parte, el especialista en administración financiera Emilio Nastri destacó la dificultad para definir el universo de empresas públicas y dijo figuran 34, en la estructura de la administración central hay 35 y el la Sigen se reconocen 101, con 43 casos con participación estatal mayoritaria.
Nastri indicó que hay 111.000 empleados en las empresas públicas nacionales, que en 2021 demandaron un gasto al Estado de $2,5 billones, equivalentes al 5,4% del PBI.
El economista Ariel Melamud enumeró los «riesgos fiscales» de las empresas por los que el Estado tiene que salir a asumir su costo, como garantías o sentencias judiciales, así como «decisiones tarifarias del Poder Ejecutivo que las afectan en su gestión».
Por último, el politólogo Juan José Carbajales pidió «alejarse de posiciones maximalistas» y advirtió que «la dictadura cívico militar dejó en 1983, 260 empresas públicas no financieras y 37 financieras».
Asimismo, destacó que hay «170 empresas públicas provinciales», con el caso extremo de La Rioja, que cuenta con 31.
