El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, respaldó la intervención administrativa de Edesur dispuesta por el Gobierno nacional al igual que la investigación judicial sobre la distribuidora, la cual consideró que “miente sistemáticamente”.
“Nosotros partimos de la premisa que Edesur es una empresa que miente sistemáticamente, ha mentido cuando dijo que iba a hacer inversiones y ha mentido cuando dijo que iba a prestar un servicio eléctrico razonable”, subrayó Lorenzino.
El titular de la Defensoría indicó que es “la justicia quien tiene que investigar a los directivos y la mala fe que ha tenido la empresa en todos estos años”:
“Estamos con la tranquilidad de que la investigación va en el sentido que creemos que tiene que ir y que la mala fe de la empresa se va a terminar comprobando”, enfatizó el ombudsman bonaerense.
La Justicia federal de Lomas de Zamora dispuso días atrás el secuestro de documentación de Edesur en cuatro de sus instalaciones como parte de las causas que investigan presuntos delitos en los cortes de suministro de energía eléctrica en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, zona de concesión de la empresa.
Los procedimientos, encomendados por el juez federal Ernesto Kreplak a la Policia Federal, apuntan a buscar información sobre cómo se comunicaron los cortes entre distintos organismos vinculados al sector energético, por ejemplo entre Edesur y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y cómo fue también la comunicación interna de la empresa, detallaron las fuentes.
Además de esta causa, en los tribunales federales de Retiro se tramita una denuncia penal que presentó el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello por supuesta «defraudación por desbaratamiento, abandono de personas y entorpecimiento de servicios públicos».
En paralelo, el martes pasado, Jorge Ferraresi asumió la intervención administrativa de Edesur, una decisión tomada por la Secretaría de Energía tras la falta de respuesta de la empresa por los cortes de luz registrados durante las dos últimas semanas y para poner en marcha un programa de inversiones que permita mejorar la calidad de servicio.
Según Lorenzino, hubo intencionalidad por parte de la empresa en cortes de los últimos meses donde “actuó de mala fe”.
“El año pasado, el CEO de la empresa (Francisco Starace) dijo que se querían ir del país. Nosotros creemos que en el último tiempo, más allá que siempre prestaron un muy mal servicio, hubo una intencionalidad como para que el Estado rápidamente les revoque la concesión y allí poder cobrar ellos en el CIADI los millones de dólares que seguramente tendríamos que haber pagado si tomábamos esta decisión intempestiva”, denunció el funcionario.
Asimismo, indicó que hubo una “adulteración de instrumentos e información pública” al referirse a los cortes de luz de febrero que Edesur responsabilizó a un faltante de generación de energía, algo que fue desmentido por Cammesa, operador del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
“Hubo una premisa que cuando haya tarifas van a llegar las inversiones. Eso es mentira. Tuvieron cuatro años de más del 2.000% de aumentos de 2015 a 2019, no pusieron un peso y lo único que hicieron fue transferir sus ganancias al exterior. Eso está comprobado en los asientos contables”, señaló Lorenzino.
Por último, el defensor del Pueblo bonaerense reclamó “revisar” los contratos de concesión de las distribuidoras pues –indicó- “no tienen correlato con la realidad de hoy”, en especial en lo que respecta a los reclamos de los usuarios por desperfectos en artefactos.
