El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que las circunstancias en torno al crimen del colectivero Daniel Barrientos en Virrey del Pino fueron «muy dudosas» pero pidió esperar el resultado de la investigación y la acción de la Justicia, a la vez que cuestionó a la oposición por «consentir» y «hasta incentivar» las agresiones sufridas por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.
En sus primeras declaraciones públicas tras el crimen del lunes de Barrientos en el partido de La Matanza, Kicillof sostuvo que, «para ser un delito vinculado al robo, tiene elementos muy dudosos y muy sospechosos», aunque resaltó la necesidad de ser «respetuosos de las víctimas».
En declaraciones al canal C5N, el mandatario señaló que el caso es «tremendamente doloroso» y una «tragedia», y resaltó que pese a que su administración está haciendo una «inversión histórica y una transformación muy profunda de la Policía Bonaerense».
Esos avances «no quitan que hay que redoblar esfuerzos» y que el hecho impacta «en todos personalmente y como Gobierno», apuntó.
Kicillof consideró además que «hay que repudiar» la utilización política del caso y recordó que el Frente de Todos (FdT) no tuvo esa conducta desde la oposición durante la gestión de Juntos por el Cambio (JxC).
Además, criticó a la oposición y a aquellos medios que en las últimas horas parecieron, según dijo, «consentir» y «hasta incentivar» las agresiones.
«Hay que tener mucho cuidado con estas cosas», dijo Kicillof, y atribuyó esa actitud de la oposición a que «empezó la campaña».
Para el gobernador, «tienen un tema con la provincia, evidentemente».
Al puntualizar en la alianza opositora de JxC, dijo haber escuchado a sus dirigentes decir que «no dan pie con bola y tienen un montón de candidatos, pero si van a responder así…».
Kicillof planteó que el crimen es «prácticamente inédito», al referir que se trató de un robo en un colectivo que fue «cruzado» por un auto de apoyo y con «dos personas que suben con armas de calibre alto».
«Parecía el robo de un blindado y se llevaron un bolso, una mochila y a quemarropa asesinaron a un chofer», describió.
Por eso marcó la necesidad de «investigar a fondo para entender qué pasó», al advertir que «no parece un robo a un colectivo en un barrio popular».
Kicillof recordó que unos días antes del hecho «había estado» en ese distrito la titular del PRO, Patricia Bullrich, «hablando de la seguridad en los colectivos», por lo que aclaró que si bien «uno no tiene que pasarse con esas cuestiones», sí hay que «prender las luces» de alarma.
El mandatario provincial ratificó que su Gobierno presentó una denuncia por la agresión a Berni y advirtió que «no puede admitirse una violencia de ese tipo» contra un funcionario.
«Fue a dar la cara», dijo sobre Berni, de quien destacó que «lo hace habitualmente».
También puntualizó que los vecinos del Virrey del Pino (partido de La Matanza) dijeron que «no conocían a la gente que agredió al ministro», aunque de todos modos llamó a «tener cautela y esperar que lo diga la Justicia».
Kicillof pidió también «investigar el accionar de la Infantería» de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras la represión del lunes en la autopista General Paz, donde se llevaba a cabo el corte de los colectiveros de la línea 620.
Consultado sobre la implementación de cámaras en las unidades, consignó que la ley que establece esa medida se sancionó en 2016 y se reglamentó en abril de 2018, durante el Gobierno de María Eugenia Vidal, tras lo cual el «cambio» de administración llegó en medio del proceso de contratación de esos dispositivos.
«Luego vino la pandemia, y reiniciamos ese proceso a fines de 2021», dijo y añadió que el Gobierno provincial resolvió otorgar a las empresas de transporte «a modo de subsidio 160 millones de pesos por mes, que ahora son 190, para que coloquen las cámaras».
Kicillof reseñó que en enero pasado se solicitó el «estado de situación» y que se encontraron «incumplimientos» de las empresas, por lo que se las intimó y, «vencido» ese plazo, que «será en unos días», se «procederá con las sanciones, que termina con la quita de subsidios».
Y refirió que en materia de homicidios dolosos, que es la medición que se usa a «nivel mundial», en 2019 hubo «905» en la provincia de Buenos Aires y en 2022 hubo «731» crímenes, lo que implica una «caída del 20%».
