El Gobierno bonaerense prorrogó por un año la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en la provincia.
El diferimiento alcanza a la suspensión de “todas las acciones judiciales, trámites o diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas, como así también de los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales”.
Así lo expresó el decreto 591/2023 firmado por el gobernador Axel Kicillof y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, y el texto explica que la medida está vinculada con el vencimiento de la declaración establecida en el artículo 1° de la Ley 15.322.
En los considerandos de la norma se recuerda que la medida fue sancionada por la Legislatura el 21 de abril de 2022, declarando la “emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, por el plazo de un (1) año desde su sanción”.
También se declaró de Interés Provincial al proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, como continuadores de la explotación de la empresa en crisis o en proceso de quiebra.
El gobierno bonaerense consideró que “la mencionada declaración de emergencia permitió a las empresas recuperadas, entre otras cuestiones, mantener los puestos de trabajo de los/as trabajadores/as”.
