El Consejo del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires se reunió el sábado en el municipio de Cañuelas con una «agenda abierta» en la que se expresaron las distintas visiones sobre la situación social y económica producto de las políticas del Gobierno de Javier Milei, y emitió un documento titulado «la patria no se vende y el federalismo no se negocia».
Luego de más de tres horas de debate en el predio del establecimiento ‘Museo Campo’, ubicado en el kilómetro 95 de la Ruta 6 en Cañuelas, el PJ bonaerense difundió el documento crítico con el Gobierno nacional y denunció que «el orden constitucional agoniza» y «el pueblo argentino padece un ataque integral desde la Presidencia de la Nación, replicado por personeros del régimen imperante en redes sociales y medios de comunicación afines».
Del encuentro participaron las máximas autoridades de la conducción del PJ bonaerense, legisladores nacionales, provinciales, intendentes y referentes de los distintos distritos de la provincia.
Para el peronismo bonaerense, conducido por el diputado nacional Máximo Kirchner, los resultados del Gobierno nacional «están a la vista», según el documento.
«Aumento de la violencia y la desigualdad, desgaste de la institucionalidad democrática, vaciamiento conceptual de los valores humanistas, empobrecimiento económico generalizado, entrega inaudita del patrimonio nacional, regresión educativa y cultural y destrucción de la capacidad soberana del Estado», enumeró el texto.
También manifestó que la administración de La Libertad Avanza (LLA) genera «centralismo mesiánico antifederal, descarte de jubilados, populismo represivo, silencio oficial ante la provocación colonial británica en Malvinas y sumisión al credo fondomonetarista».
En el documento, el PJ provincial afirmó que existe «un relato fundamentado en el retroceso institucional que pretende banalizar la realidad endiosando el ajuste criminal en modo motosierra, cuyas consecuencias letales horrorizan hasta al más egoísta de los mortales».
«Celebrar un superávit fiscal ficticio al costo de 60 por ciento de pobres e indigentes, es lisa y llanamente dirigir el país hacia la anarquía y el caos», agregaron en el texto e indicaron que «cumplir el contrato electoral demanda el acatamiento irrestricto a la Constitución, respeto a la pluralidad política y vocación por la unidad nacional».
En un contexto signado por el conflicto desatado entre el Gobierno nacional y los gobernadores patagónicos, el PJ bonaerense sostuvo que «la representación política genera deberes insoslayables a la hora de gobernar y uno de esos deberes es respetar al que piensa distinto creando acuerdos básicos en el proceso constitucional de sanción de las leyes».
«Cuando el Poder Ejecutivo agrede e insulta a otros representantes del Pueblo, incurre en prácticas antidemocráticas que observamos con profunda preocupación a partir del 10 de diciembre de 2023», apuntaron.
«En este contexto de ataque sistemático a la institucionalidad -señala el documento- la provincia de Buenos Aires asume el compromiso democrático que le compete por historia, militancia federal y responsabilidad política, por lo que alzamos nuestra voz para refutar mentiras».
En ese sentido, remarcaron que «es falso de falsedad absoluta la campaña que busca justificar el recorte sangriento de fondos a nuestra Provincia, apelando a una supuesta discrecionalidad de la anterior administración nacional».
«La provincia Buenos Aires no es la casta. Es la provincia más grande y la que más riqueza produce. De todos modos, no se arroga superioridad alguna ni exige privilegios. Con 17 millones de habitantes recibe por coparticipación de impuestos solo el 22% y aporta el 39%», señala el documento.
Para el PJ bonaerense, «esa diferencia merece una compensación para garantizar la educación pública de calidad, seguridad ciudadana, cloacas, rutas, viviendas, autopistas, créditos al consumo y a la producción, energía, agua corriente, transporte, comunicaciones, ayuda social directa, comedores, merenderos, jubilaciones, subsidios y becas escolares».
«En la Provincia, los peronistas construimos más y mejor Estado, porque es la síntesis del poder de la comunidad organizada, que regula las relaciones económicas y facilita la puesta en acto de los principios doctrinarios de subsidiaridad y solidaridad», destacaron.
A pesar de una relación tensa entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el PJ bonaerense no dudó en incorporar en el documento un apoyo al Gobierno provincial y sus políticas «en defensa de la producción, el empleo, el desarrollo y la educación pública».
«Exigimos que se respete el federalismo fundador de la Patria, para que no se les niegue a los bonaerenses los bienes y servicios que por ley les corresponden, y para que los gobernadores – cualquiera sea su pertenencia partidaria- no sean castigados por el centralismo tecnocrático, que ensaya quebrar el desempeño de quienes solo se dedican a preservar el interés colectivo de sus provincias», remarcaron.
Por otra parte, el peronismo bonaerense repudió «el recorte de fondos que por ley le corresponden a las provincias y demandamos su urgente reposición para no condenar a la desesperación y a situaciones indeseadas a millones de compatriotas que quieren trabajar, estudiar, producir y vivir en paz».
El documento del PJ bonaerense finalizó con una arenga: «Es ahora o nunca porque la esperanza del pueblo es más fuerte que el pesimismo y la desmemoria de las minorías egoístas, la patria no se vende y el federalismo no se negocia».
Junto a Máximo Kirchner, participaron la vicegobernadora bonaerense y vicepresidenta partidaria Verónica Magario y los funcionarios provinciales Gabriel Katopodis (Infraestructura), Walter Correa (Trabajo), Andrés Larroque (Desarrollo Social) y Florencia Saintout (Instituto Cultural).
También asistieron los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mariel Fernández (Moreno) y Julio Alak (La Plata), entre otros.
Asimismo, estuvieron presentes la jefa de bloque de UxP en el Senado bonaerense, Teresa García; la senadora nacional Juliana di Tullio; y las diputadas nacionales Vanesa Siley y Victoria Tolosa Paz; y las dirigentes Fernanda Raverta y Karina Menéndez, entre otros.
