Rafael Valim ratificó la importancia de la nueva prueba en Vialidad: “Siguen diciendo barbaridades”
El letrado brasileño salió al cruce de los intentos por minimizar la planilla presupuestaria y afirmó que la falta de valoración de ese documento demuestra que la expresidenta fue condenada sin pruebas.
El abogado Rafael Valim, integrante de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, rechazó las versiones periodísticas y judiciales que buscaron relativizar el peso de la nueva evidencia presentada para revisar la sentencia de la causa Vialidad. El letrado remarcó que las propias objeciones de fuentes judiciales confirman una omisión central en el fallo condenatorio.
Los ejes de la respuesta defensiva
Omisión en la sentencia: Valim argumentó que la admisión de que la planilla existía en el expediente de la causa Cuadernos pero no fue evaluada en Vialidad demuestra que se dictó condena omitiendo un elemento probatorio fundamental.
Carga de la prueba: Recordó que el orden constitucional establece que los fiscales deben probar sus acusaciones y no los acusados demostrar su inocencia.
Crítica al «Partido Mediático-Judicial»: Sostuvo que los cuestionamientos públicos terminan colaborando con la estrategia técnica de la defensa al evidenciar las contradicciones de la acusación.
El contenido del documento
El elemento ingresado a la causa corresponde a la declaración de un exempleado de presupuesto de Vialidad Nacional durante el juicio de Cuadernos. La planilla exhibida en esa instancia indica que las empresas del grupo de Lázaro Báez percibieron solo el 0,85% de los fondos habilitados por el decreto investigado, mientras que el 99,15% restante fue derivado a otras firmas constructoras.
Según la defensa de la exmandataria, estos datos desarticulan el argumento central del fallo, que sostenía que la norma fue dictada con el único fin de direccionar recursos hacia el empresario santacruceño.
Caminos en la Justicia y la ONU
La documentación será presentada como pieza clave dentro del recurso de revisión que los abogados elevarán ante la Cámara Federal de Casación Penal. De forma paralela, el escrito se sumará a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de lograr una medida que interrumpa la ejecución de la sentencia y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
