El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos rechazó anoche «el accionar de la empresa Telecom de amenazar» a parte del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con actuar civil y penalmente en su contra, mediante una carta documento, si se aprueba una resolución que habilitaría el ingreso de un nuevo competidor al sistema del servicio de telefonía celular.
«Desde el interbloque del FdT condenamos este tipo de maniobras que apuntan a paralizar el funcionamiento del referido ente regulador y a controlar, a través de presiones y maniobras judiciales, a quienes deben tomar decisiones, que a veces desagradan a poderosos grupos empresarios», expresaron en un comunicado que se difundió en redes sociales.
El martes pasado el vicepresidente de Enacom sostuvo que la empresa Telecom «amenazó por carta documento» al directorio del organismo para que no aprobaran una resolución preliminar que otorga un plazo de 30 días a Personal, Movistar y Claro, para que den acceso a sus redes a la firma Telecentro como operador móvil virtual.
El interbloque de senadores destacó que Telecom, «donde el Grupo Clarín tiene intereses económicos y clara influencia política, envió sendas cartas documento al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y a los representantes del Congreso Nacional en el directorio del organismo: Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y Alejandro Gigena».
«Allí, se les advertía de las consecuencias que caerían sobre ellos por su participación en esta decisión. Se les aseguraba que serían perseguidos judicialmente por los presuntos daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la medida a la compañía», señalaron.
Y alertaron sobre este «accionar prepotente que busca hacer alarde de un manejo impúdico de al menos un sector de la justicia, como quedó evidenciado con el escándalo de Lago Escondido».
«Allí, un grupo, integrado por jueces, fiscales, un funcionario porteño y ejecutivos del Grupo Clarín, participó de una excursión a la propiedad del empresario británico Joe Lewis en La Patagonia, financiada por la corporación mediática. Hecho que, al ser descubierto, tuvo como giro una serie de maniobras de encubrimiento por parte de algunos magistrados para eludir el accionar de la justicia», recordaron.
Y apuntaron contra «su ya habitual doble vara», con la que «este grupo empresario se opone a cualquier forma de libre competencia, que pregona defender, cuando se pone en riesgo alguna porción de sus intereses económicos o de su poder real».
«Advertimos que estas prácticas vulneran la vida democrática en sociedad», subrayaron.
Y cuestionaron: «¿Qué puede esperar el ciudadano de a pie cuando ve a empresas que coaccionan de manera cuasi mafiosa a actores políticos y públicos con el fin de conseguir objetivos deseados, bajo la amenaza de perder bienes y hasta la libertad?»
«Poco puede esperar de las instituciones, cuando esos grupos económicos mantienen relaciones casi promiscuas con sectores de la justicia, que están dispuestos a cumplir cualquier encargo que se les asigne sin respetar las normas básicas ni el debido proceso», concluye el documento.
