El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata indagó a cuatro represores que son juzgados por delitos cometidos en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos durante la última dictadura militar, por la comisión de nuevos delitos que incluyen 11 homicidios, 17 abusos sexuales, 20 privaciones ilegítimas de la libertad, la desaparición de una mujer y la sustracción de Daniel Santucho Navajas, el nieto recuperado 133.
Se trata del juicio denominado «Brigadas» que se realiza desde octubre de 2020 por los excentros que funcionaron en la Brigada policial de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar.
En septiembre último la Unidad Fiscal Federal de La Plata, con la adhesión de las restantes querellas, había solicitado se amplíen las imputaciones para 12 de los 13 represores que juzga el TOF1, que semanas atrás hizo lugar al pedido e indagó ayer a los 12 acusados.
Se trata de Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale; Jorge Antonio Bergés; Carlos María Romero Pavón; Jaime Lamont Smart, Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Luis Horacio Castillo, Alberto Julio Candioti, Juan Miguel Wolk y Enrique Augusto Barré.
El primero en ser indagado fue Jorge Di Pasquale, a quien se le ampliaron las imputaciones por el homicidio agravado de José Martínez Suárez; los abusos sexuales cometidos contra María Teresa Serantes Lede , María Rosa Laporta y María Asunción Artigas, y las privaciones ilegítimas de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse llevado a cabo con violencias o amenazas en perjuicio de Mirta Teresa Gerelli, Gladys Noemí Musante y Omar Rodolfo Farías.
«Inicialmente dejo expresamente aclarado que no conocí, ni conozco, ni tuve contacto, ni vi documento alguno referido a las personas que aparecen como víctimas y reitero que nunca estuve en los lugares donde funcionaban las Brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús», aclaró el imputado al comenzar su indagatoria.
Cuestionó que «cada vez que hago uso de la palabra me veo obligado a decir que en base a mi artículo 18 de la Constitución Nacional no son mis jueces naturales, por lo tanto considero que este juicio es inconstitucional».
«Dejo expresamente denunciado que hace 13 años, dentro de poco 14 años, estoy en prisión preventiva en cárcel del Servicio Penitenciario Federal porque se busca ardides en la aplicación de la ley que fija el plazo de la prisión preventiva», remarcó.
Aseguró que «no existió» plan de exterminio y que decir eso «es otro slogan donde se pretende tergiversar la historia».
Calificó de «ejércitos clandestinos» a los integrantes del ERP y de Montoneros y puso en duda que estén muertas o desaparecidas 7 víctimas que se juzgan en este juicio.
«De igual manera no van a llegar nunca a los 30 mil», dijo y remarcó que «no somos negacionistas, buscamos la verdad».
«Un solo testigo no es testigo», manifestó cada vez que aludía a uno de los casos que se le imputan, relativizando la prueba en su contra.
Di Pasquale aseguró que «hay desaparecidos que según mis investigaciones no lo serían. Se tomaron como fuentes de información libros de delincuentes, como el de Andrea Mohr».
«Hay 15 casos que se ha solicitado se vuelva a investigar», aseguró el imputado que en varios tramos de su indagatoria recomendó la lectura de su libro «Un aporte a la verdad».
Posteriormente fue indagado Jorge Bergés por los homicidios agravados de Manuel Coley Robles, Gladys García Niemann, José Mario Martínez Suárez, Anahí Silvia Fernández, María Adela Garín, Graciela Beatriz Sagues, Carlos Francisco Simón, Eduardo Rosen y Alicia Lisso y la desaparición forzada con resultado de muerte de María Magdalena Mainer.
También se le amplió la imputación a Bergés, al acusarlo de los abusos sexuales cometidos contra María Teresa Serantes Lede, Teresa Di Martino, María Rosa Laporta, María Cristina Lefteroff , María Asunción Artigas, Susana Capobianco, Nora Úngaro, Ana Teresa Diego, María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, estas dos víctimas son estudiantes de secundaria secuestradas La Noche de los Lápices.
Además fue indagado por las privaciones ilegítimas de la libertad de Mirta Teresa Gerelli, Gladys Noemí Musante y Omar Rodolfo Farías y el delito de retención y ocultamiento de menor de 10 años del que resultara víctima Daniel Santucho Navajas, inscripto a la fecha como Daniel Enrique González.
El represor, cuya declaración tuvo dificultades de ser oída debido a que le practicaron una traqueotomía, aseguró que «dicen los fiscales que apliqué tormentos en Pozo de Banfield y que asistí a alumbramientos pero no hay persona que haya dicho eso, es un error».
Detalló que «fui nombrado por 313 personas pero reconocido por solo dos personas» y se ocupó de enumerar todas las víctimas que se le imputan y a descalificar las pruebas existentes en su contra.
«Dice que vio a alguien que era petiso y gordo, yo nunca fui gordo», aclaró en uno de los casos y hasta ironizó que un sobreviviente dijo que «lo conocí por sus zapatos».
También se burló porque dos homicidios que se le habían imputado en una causa, «luego parece que revivieron y fueron vistos en la comisaría quinta y por ese hecho condenaron a otros dos oficiales».
Las dificultades de expresión del imputado motivaron que el Tribunal propusiera al defensor oficial que presente por escrito el resto de su declaración.
El imputado Federico Minicucci, en tanto, se negó a ser indagado por los nuevos delitos que se le imputan y son los homicidios agravados del que fueran víctimas Gladys Noemí García Niemann, Héctor Alberto Pérez, Anahí Silvia Fernández, María Adela Garín, Graciela Beatriz Sagues y Carlos Francisco Simón; y la desaparición forzada con resultado de muerte de María Magdalena Mainer.
Además se le imputó la comisión de abusos sexuales en perjuicio de Teresa Di Martino, María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone; y el delito de retención y ocultamiento de menor de 10 años, que resultó ser Daniel Santucho Navajas, inscripto a la fecha como Daniel Enrique González.
El imputado Enrique Barre se negó a ser indagado por el delito de abuso sexual contra una víctima identificada por las iniciales N. B.
Por compromisos del defensor oficial, Gastón Barreiro, se dispuso que las restantes indagatorias continúen el próximo martes 28 de noviembre.
