La disminución de los subsidios a los servicios públicos, una medida que el Gobierno parece haber abordado con gran determinación para este año, también se traducirá en beneficios para los presupuestos nacionales, provinciales y municipales. Esto se debe a que en cada factura emitida al consumidor final se aplican una serie de impuestos «ad valorem» que aumentan en la misma medida en que se incrementa el monto total a pagar.
La factura de gas experimentará un aumento promedio del 350%. En consecuencia, impuestos como el IVA e Ingresos Brutos aumentarán en la misma medida, generando un doble efecto positivo sobre el fisco. Por un lado, se reducirá el gasto en subsidios y, por otro, se incrementarán los ingresos fiscales.
El plan de ajuste económico propuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca reducir el gasto en subsidios energéticos en un 0,5% del PBI, abarcando tanto el gas como la electricidad.
Según Emilio Apud, ex secretario de Energía, los aumentos tarifarios para ciertos sectores y empresas podrían lograr este objetivo, alineándose con la meta de déficit cero.
Apud sugiere que, aunque se alcance la meta, los ajustes deberían ser graduales, especialmente para los sectores más vulnerables, y aboga por una revisión de los impuestos.
Por otro lado, Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, señala que una parte significativa de la factura de gas corresponde a impuestos de diferentes niveles gubernamentales, y prevé que la reducción de subsidios y los aumentos tarifarios podrían compensar la necesidad de aumentar los impuestos, siempre y cuando el gobierno implemente medidas para atenuar estos aumentos.
Además, advierte sobre el riesgo de morosidad si los aumentos son demasiado pronunciados.
