(Gacetilla de prensa) El abogado y concejal de Berazategui, Dante Morini, denunció penalmente a la empresa EDESUR “por los reiterados cortes de energía eléctrica en el distrito, porque esto implica incumplimiento de resoluciones judiciales vigentes. La energía eléctrica es un servicio básico y esencial para la vida y la salud de todos los ciudadanos”.
Morini, en carácter de concejal y vecino de Berazategui, formuló ante la Fiscalía Federal de Quilmes, una denuncia penal contra las autoridades de la Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR) “por el incumplimiento reiterado de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Quilmes con fecha 16 de marzo de 2023 en el marco del expediente Nº 9747/2023 caratulado “Municipalidad de Berazategui c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. s/ Amparo”.
Para Morini, el reiterado incumplimiento a la cautelar por parte de la empresa EDESUR “configura el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal), sin perjuicio de que de la investigación surjan otras figuras penales aplicables”.
El ex candidato a intendente advirtió que, “pese a esta orden judicial plenamente vigente, las autoridades de la empresa han incurrido sistemáticamente en su incumplimiento, provocando numerosos y reiterados cortes de energía eléctrica en distintos barrios del partido de Berazategui, lo que ha afectado gravemente la vida cotidiana, la salud y el bienestar de miles de vecinos”.
“Tales interrupciones del suministro eléctrico –afirma Morini- afectan además el acceso al agua potable, dado que la distribución de la misma depende de bombas eléctricas para que funcione tal servicio esencial. Esto ha colocado a familias enteras, incluyendo niños, ancianos y personas con discapacidad o enfermedades crónicas, en situaciones de extrema vulnerabilidad”, señala el abogado y concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el escrito presentado ente la Justicia.
Mas adelante, Dante Morini fundamenta que “la conducta de los denunciados (autoridades de la Empresa EDESUR) encuadra, prima facie, en el delito de desobediencia a una orden judicial conforme al artículo 239 del Código Penal que detalla que ‘será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones…”.
