La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), María Teresa García, consideró hoy que existe «una responsabilidad cívico política en el uso de la banca» por parte de los legisladores que los obliga a «dar quórum», al criticar la postura de Juntos por el Cambio (JXC) de no tratar ningún proyecto del Poder Ejecutivo envíe al Congreso hasta que sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema.
«El quórum hay que darlo porque hay una responsabilidad cívico política en el uso de la banca», recordó la senadora esta mañana en declaraciones a AM750, tras la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Ejecutivo para el tratamiento del proceso de remoción del máximo tribunal en el Congreso, entre otras inciciativas.
García también remarcó que en la actualidad se vive «un proceso de gravedad institucional muy grande» y que el juicio político a los integrantes de la Corte, «no es una broma ni una cuestión más».
«Estamos hablando del órgano máximo de la justicia argentina del cual se desprende todo el poder judicial, en virtud de fallos que terminan afectando a la población», recordó.
La senadora provincial afirmó además que la «connivencia» entre «la oposición y la justicia se verifica desde el fin del mandato de Mauricio Macri».
«También hemos asistido al silencio de la oposición en temas de gravedad institucional como el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner). Todo esto corona ahora con la comprobación efectiva de que la mano derecha del presidente de la Corte (Silvio Robles) ha tenido vinculaciones directas con el gobierno de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta», sostuvo García.
Y en ese sentido, agregó: «Robles indicaba cómo hacer para frenar el nombramiento en el Consejo de la Magistratura del bloque de Unidad Ciudadana. Más comprobaciones no puede haber, estas no son suposiciones, son comprobaciones».
García sumó que «todo esto deriva en el pedido de juicio político» a lo que se agrega «la decisión de (JxC) obstruir y paralizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación, poder con el que ya se ha metido el Poder Judicial en diferentes oportunidades».
Sin embargo, consideró «una obligación» del Ejecutivo impulsar el juicio y también citó «otros temas pendientes importantes de tratamiento en el Congreso» como «la ley de alcohol cero o la informatización de las historias clínicas, o del acuerdo para la ampliación del número de la Corte, el acuerdo para Procurador, el tratamiento de la creación de universidades nacionales».
