Un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue secuestrado ayer en el marco de la causa por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de su amigo Lucas Escalante, ocurridos luego de que ambos salieron juntos el 9 de diciembre de Florencio Varela, para ser sometido a peritajes en busca de rastros de interés para la investigación, informaron fuentes judiciales.
La diligencia fue encabezada ayer por la tarde por el fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Berazategui, quien está a cargo del expediente, y se llevó a cabo en una sede policial de Quilmes en la que funciona el enlace de la fuerza provincial con Interpol.
Según las fuentes, los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron un móvil que utilizaba «exclusivamente» el comisario mayor Francisco Centurión, padre y tío de Cristian y Maximiliano Centurión, los dos detenidos con prisión preventiva por el caso.
Los voceros consultados señalaron que el objetivo es que este vehículo sea sometido el viernes próximo a una serie de peritajes a cargo de los expertos de la PFA en busca de rastros de interés para la investigación.
La semana pasada, los pesquisas realizaron un rastrillaje en una tosquera cercana a la autopista en construcción Buen Ayre en busca del joven desaparecido, pero los resultados fueron negativos.
Mientras que el 9 de marzo, al cumplirse tres meses del hecho, familiares, amigos y vecinos de Escalante realizaron una nueva marcha en los Tribunales de Quilmes para pedir por la «aparición con vida» de Lucas.
Por su parte, los dos detenidos fueron procesados en enero pasado por el juez de Garantías de Florencio Varela, Julián Busteros, quien los imputó como «coautores» del delito de «homicidio calificado por ensañamiento y alevosía».
Sin embargo, la defensa de los dos detenidos ya recurrió esas prisiones preventivas, por lo que la Cámara de Apelaciones y Garantías ahora deberá resolver si hace lugar al planteo de los detenidos o si permanecen en prisión.
La primera fiscal que tuvo el caso fue Mariana Dongiovanni, de la UFI 2 descentralizada de Florencio Varela, quien luego pidió ser excusada de la causa por considerar que recibió «constantes descalificaciones» por parte de familiares de las víctimas.
Tras eso, su lugar fue reemplazado por la fiscal de feria Bárbara Velasco, quien también se excusó de la causa ya que manifestó haber colaborado con el comisario antes mencionado en causas pasadas, por lo que la investigación pasó momentáneamente a manos del fiscal Ichazo.
Este último estuvo a cargo del expediente hasta que el fiscal Martín Conde, de la UFI 3 de Quilmes, retomó de una licencia el 1 de febrero.
Fuentes judiciales confirmaron que Conde también solicitó el 6 de febrero último ser excusado del caso a través de un escrito por no poder ser objetivo tras haber recibido comentarios «calumniosos y agraviantes» por parte del abogado de la familia Morello, Carlos Diéguez, y este pedido fue aceptado por el juez Busteros.
Por otro lado, a pedido de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, la Policía bonaerense fue apartada de la investigación y en su lugar está actuando la División Homicidios de la PFA.
Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.
En tales circunstancias, fueron detenidos los Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.
En una filmación de una cámara de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.
En este contexto, el Gobierno nacional ofrece 4.000.000 de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.
